MALESTAR EN LA JUSTICIA: LA SOCIEDAD LE HABLA A LA JUSTICIA

Por Gabriel Ganon*

*Defensor General de la Provincia de Santa Fe y 

profesor de Criminología en la UNR.

Desde hace tiempo las continuas marchas que diariamente se realizan frente a los tribunales de todo el país muestran con claridad que existe un profundo malestar en la Justicia. Este reclamo popular tan consistente como variopinto se unifica en la critica contra los/as encargados/as de administrar Justicia. En cierta medida, los reclamos se exhiben como intentos de constituir un nuevo orden o más precisamente un nuevo concepto de justicia. Por este camino, más allá de las críticas opositoras ha avanzado la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es difícil predecir cuáles serán los resultados del impacto del paquete de proyectos presentados en la realidad concreta del ciudadano corriente. Sin embargo, dos cuestiones deben resaltarse. En primer lugar, que la discusión se produce también fuera de los tradicionales círculos de discusión política. Así, el debate ingresa en la agenda pública apartándose del enfoque y solución propiciado desde hace tiempo atrás para la Argentina y toda la región, por el Think Tank específico para la materia del Consenso de Washington, el Centro de Estudios Judiciales para las Américas. Ese enfoque al que me refiero fue plasmado para la Argentina sobre finales de la década del 90 por el entonces Ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo en el “ Plan Nacional de Reforma Judicial. Nueva Justicia Siglo XXI. Propuestas para la Reforma del Sistema de Justicia”. Este Plan tuvo por origen como puede leerse en el libro publicado por el Ministerio de Justicia de la Nación el “Programa Modelo de Reforma de las Administraciones de Justicia Provinciales” financiado por el  Banco Interamericano de Desarrollo (BID 925´OC-AR/1.EG.10) y fue dirigido por el entonces director de FORES German Garavano, actual Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires.  

Como venía señalado la discusión que hoy se abre muestra un claro enfoque de ruptura con aquella la visión noventista. Hoy, no se discuten los lemas tayloristas y vacíos de contenido de modernización, flexibilidad, eficiencia y efectividad, eficacia sino por el hacerse realmente cargo del creciente sentimiento popular de tedio hacia el Derecho, la Justicia y sus Administradores. Este creciente malestar, sin dudas es consecuencia tanto de causas estructurales -cambios globales en el modelo económico de producción capitalista- como coyunturales – ejemplo: casos Marita Verón, Miguel Bru,  Mariano Wittis, Candela Rodríguez, etc.-, que de una forma u otra reflejan la fractura del “orden” burgués que el derecho y/o el sistema judicial pretendían sostener hace ya más de doscientos años como mecanismo de gestión de conflictos y mediatización de la violencia. Por ese motivo, no se puede seguir dándose por sentado que existe un sistema de reglas que da plena satisfacción a los objetivos que declama. Con cierta nitidez puede afirmarse que el malestar también se vincula con la incapacidad de las decisiones judiciales para mantener aquellas viejas promesas decimonónicas de otorgar a todos/as iguales derechos, igual dignidad, igual libertad. Para ser más claro y simple,  como lo que esta ocurriendo es que la Sociedad le habla a la Justicia o la necesidad de una Justicia Legítima, el debate más particular y fino seria dar respuesta a: Cuáles valores sustanciales reclama el pueblo que realice el sistema judicial para que sus procedimientos sean aceptados como válidos? En la búsqueda de esa respuesta a la cotidianeidad e intensidad de ese reclamo social debemos indagar específicamente sobre las causas subyacentes del fenómeno que determinan la realización de investigaciones genealógicas tan precisas como sea posible para determinar los procesos mas o menos codificados que los actores judiciales utilizan para cumplir su actividad. Como dice Derrida, para ser justo con la Justicia, la primera justicia que debe ser hecha es la escuchar e intentar comprender de donde viene, que es lo que quiere de nosotros, sabiendo que la justicia se dirige siempre a singularidades, a la singularidad de otro, a pesar o precisamente a causa de su pretensión de universalidad. Esto implicara, ni mas ni menos y en primer lugar, ser consecuente y mantener siempre alerta nuestros sentidos sobre el origen, fundamento y limite del aparato conceptual, teórico o normativo de la justicia. Así, se deberá aceptar que el uso del aparato judicial para el ejercicio de la fuerza estatal fue consecuencia directa de un complejo proceso histórico de pacificación/estatización de la violencia. Proceso que sirvió, para garantizar el acceso al poder de una clase naciente-la burguesía- como también para esconder bajo la alfombra las complejas relaciones aun vigentes entre violencia, derecho y justicia. Es bastante conocido, que la organización que dio origen a los estados modernos, convirtió en jurídicas las relaciones sociales existentes mediante la apropiación de toda la violencia posible, otorgándole a esta última, un nuevo envoltorio conceptual. Así las nuevos recursos técnicos y simbólicos de domesticación de la violencia sustituyeron regladamente el uso de la fuerza para permitir pensar en la desaparición de la barbarie y el comienzo de la “paz” y la “civilización”.